Amparo contra el IMSS, el INFONAVIT y cualquier dependencia

$9,900 MXN, precio cerrado con IVA incluido, en cualquier estado de la República. Cubre el estudio del caso, la demanda, la solicitud de suspensión, la presentación ante el Juzgado de Distrito y el seguimiento hasta la sentencia de primera instancia. El amparo por falta de respuesta, que es más acotado porque el acto reclamado es una omisión, cuesta $6,900 MXN.

Sí, y es uno de los amparos más nobles que existen. El artículo 8º constitucional obliga a toda autoridad a responder por escrito y en breve término a las peticiones que se le formulen por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Si presentaste tu escrito, tienes acuse y la autoridad no responde, la omisión es reclamable. Además, la omisión se renueva día con día, así que no hay plazo que se te venza mientras dure el silencio. Lo cobramos a $6,900 MXN porque es un caso más acotado.

Depende del origen. Contra multas federales y de organismos como PROFECO, COFEPRIS o PROFEPA hay recursos ordinarios que normalmente conviene agotar antes, y ahí el amparo entra después. Contra multas municipales o estatales el camino varía por entidad. La regla de oro es que si la ley te daba un recurso obligatorio y te lo brincaste, el juez sobresee el amparo sin entrar al fondo. Determinar eso es lo que hacemos gratis en el dictamen.

Sirve, pero rara vez es el primer paso. Contra la negativa de pensión suele proceder primero la vía laboral ante los tribunales del trabajo, o el recurso de inconformidad ante el propio IMSS, según qué se reclame. El amparo entra cuando esas vías se agotaron, cuando la negativa carece de fundamentación, o cuando hay una omisión pura del Instituto. Los casos que más prosperan son los de semanas cotizadas mal computadas y los de negativas dictadas sin valorar las pruebas que sí presentaste.

Sí, y es donde la suspensión del acto reclamado vale más que la sentencia: un negocio clausurado pierde ingresos todos los días. Lo primero que revisamos es si la clausura se ejecutó con orden escrita, fundada y motivada, si te dieron garantía de audiencia y si la autoridad tenía competencia. Los vicios de forma en actas de visita e inspección son extraordinariamente frecuentes en el ámbito municipal.

Con cuidado, porque no todo cobro de un organismo es un acto de autoridad para efectos del amparo. Cuando la relación es puramente de suministro y consumo, la vía suele ser la queja ante PROFECO o el procedimiento de la propia empresa, no el amparo. En cambio, cuando hay un corte del servicio ejecutado unilateralmente, un adeudo determinado como crédito fiscal o un acto de un organismo operador municipal actuando como autoridad, la cosa cambia. Es un caso donde el dictamen previo ahorra mucho dinero mal gastado.

Depende de si el crédito existe, de si te lo notificaron y de si el descuento corresponde a lo pactado. Si hay un crédito que nunca solicitaste, un descuento sobre un crédito ya liquidado o una cédula de liquidación mal determinada, hay materia. Muchos de estos casos se resuelven en la vía administrativa ante el propio Instituto, que es más rápida; el amparo entra cuando el Instituto no responde o responde sin fundar.

La suspensión, que es lo que normalmente urge, se resuelve en días: la provisional puede concederse casi de inmediato y la definitiva tras la audiencia incidental. La sentencia de primera instancia suele tomar entre cuatro y diez meses según la carga del juzgado y la complejidad del caso. Si la parte que perdió interpone revisión ante el Tribunal Colegiado, el asunto se alarga varios meses más.

No, y desconfía de quien te lo prometa. Lo que garantizamos es el precio cerrado, el plazo de presentación y que te digamos de frente, antes de cobrarte, si tu caso tiene posibilidades reales o si te conviene un recurso administrativo, un juicio de nulidad o simplemente rehacer bien el trámite.